Exclusivamente en la lógica del actual sistema público de pensiones, cotizar por los denominados ingresos reales tiene recompensa futura para los autónomos, aunque supone un importante esfuerzo presente, dados los niveles de facturación y los problemas estructurales que arrastran decenas de miles de trabajadores por cuenta propia con facturación volátil. Instaurar un sistema de cotización por ingresos reales supone pagar 144,49 euros más al mes a la Seguridad Social, pero a cambio de una pensión futura 377,92 euros más alta.
La propuesta de modificar el sistema de cotización de los trabajadores autónomos, sustituyéndolo del actual modelo libre con una base mínima y máxima de cotización por un modelo basado en los ingresos netos (mal llamados reales), tiene efectos importantes sobre los más de tres millones de personas que pertenecen a este régimen de la Seguridad Social, de los cuales una mayoría tendrá que cotizar más, mientras que para una minoría incluso supondría cotizar menos.
¿Es razonable este cambio? Los estudios señalan las disfunciones actuales en el sistema público de reparto entre los trabajadores del Régimen General, sujetos a unas normas estrictas de cotización en función de su salario, frente a los trabajadores del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), los cuales han gozado durante años de unas condiciones favorables de elección de cuánto cotizaban al sistema público y cuánto a mecanismos privados como planes de pensiones y otros instrumentos de ahorro a largo plazo.
En primer lugar, tiene sentido hacer equivalente el esfuerzo de ambos tipos de trabajadores, si bien reconociendo las debilidades de ambos, especialmente en el caso de los autónomos que se ven afectados por una mayor volatilidad en los ingresos. En segundo lugar, supone una entrada relevante de recursos para la caja común del sistema y, en tercer lugar, puede limitar a medio plazo la toma de medidas extraordinarias para subir más que proporcionalmente las pensiones más bajas, de las cuales una parte relevante son de autónomos.
Sin embargo, en el fondo no es una reforma que haga sostenible el sistema público de reparto, ya que los actuales autónomos más cercanos a la edad de jubilación se beneficiarán de un incremento más que proporcional en sus pensiones futuras, con lo cual, lo que a corto plazo es una entrada de recursos al sistema se convierte fácilmente no de forma síncrona (hay un decalaje temporal hasta que el trabajador por cuenta propia que pasará a pagar más se jubile) a medio plazo en una salida de recursos que agrava el déficit estructural. Pero las mayores dificultades las tendrán los cotizantes que, en momentos como este de fuerte crisis económica, han visto cómo se reduce notablemente su facturación (incluso hasta el 100% si su actividad se sitúa en sectores a los que se les ha prohibido trabajar por las restricciones sanitarias) y, sin embargo, siguen teniendo que cotizar al menos 288,89 euros al mes.
Aumento de la recaudación
¿Cuál es el escenario que se dibuja para este cambio normativo? En primer lugar, definimos un escenario central, donde tomamos como referencia de ingresos reales medios la cuantía de 1.416,60 euros, que es 1,5 veces la base mínima de cotización actual. Partiendo de este umbral de referencia, el número de autónomos que cotiza por debajo de 1,5 veces es 2.915.976 personas al cierre del año 2020. Este es el público objetivo de esta reforma, si bien aparecería un efecto inesperado sobre los autónomos que se encontraban antes de la crisis por encima de esta referencia.
En segundo lugar, determinamos cuál sería el cambio de la base de cotización y, en consecuencia, la cantidad cotizada al mes. La cuota de autónomos mensual si cotiza por ingresos reales pasaría de 288,99 euros actual a 433,48 euros, lo cual supone un alza de recaudación por cuotas para la Seguridad Social de 5.055,95 millones. En resumen: el autónomo en este tramo tiene que cotizar 144,49 euros más al mes, 1.733,88 euros más al año.
En tercer lugar, este esfuerzo presente tiene, a las circunstancias actuales del sistema de reparto, una recompensa futura notable. Aplicando una tasa de reemplazo del 80%, le quedaría a futuro una pensión media al autónomo que cotiza por 1,5 veces base mínima de 1.133,44 euros, mientras que antes tenía una pensión media de 755,52 euros. Con lo cual, experimentarían una mejora de 377,92 euros al mes. Automáticamente, se situaría al nivel de los trabajadores del Régimen General.
Por último, esta nueva situación, siendo observada por una buena parte de los 355.767 autónomos que cotizan más de 1,5 veces la base mínima (por 2 veces base mínima pagan 577,97 euros mensuales y el que cotiza por 3 veces base mínima paga 866,96) y su facturación real ha caído sustancialmente con motivo de la crisis, les generaría incentivos para reducir su cotización, ya que estarían sobrecotizando por sus bases actuales, descorrelacionadas de su actividad económica. Si estos 355.767 autónomos pasaran a cotizar por sus ingresos reales, y suponemos que sus ingresos reales han caído hasta la media (1.416,60), la medida restaría 1.413,55 millones de euros de recaudación por cotizaciones. Este supuesto es muy restrictivo: de ser cierto sería una grave crisis para todos los autónomos.
En definitiva, la medida mejoraría la pensión de los autónomos, pero ¿esto es un buen negocio para los autónomos? Ahora mismo, un autónomo por euro cotizado le saca la máxima rentabilidad futura al sistema, pero a cambio recibe una pensión que, aunque sea pequeña, siempre está en los planes de los Gobiernos subirla de manera más que proporcional que el resto.
